Brasilia (EFE).- El Parlamento brasileño derrumbó este jueves el veto del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a una ley aprobada en septiembre pasado y que limita el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que ocuparon históricamente.
El veto se anuló por una amplia mayoría de votos durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y del Senado, que con esa decisión instituyen el llamado “marco temporal” para la creación, reconocimiento y demarcación de territorios indígenas.
Derecho indígena
Esa tesis, declarada inconstitucional por la Corte Suprema, limita los derechos de los indígenas a las tierras a aquellas que efectivamente ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.
El proyecto se aprobó con “urgencia” por el pleno del Senado a fines de septiembre, en un debate convocado una semana después de que el Supremo rechazó esa tesis jurídica por nueve votos contra dos y consagró el derecho de los indígenas a la tierra que han ocupado tradicionalmente.
Uno de los argumentos que se evaluaron en el Supremo alega que muchos de los pueblos originarios se expulsaron por medio de la violencia de territorios que ocupaban antes de 1988, por colonos que luego se instalaron y se apropiaron ilegalmente de esas tierras.
Lula, quien asumió el pasado 1 de enero con un fuerte compromiso de defensa de los pueblos originarios y creó un nuevo ministerio para garantizar los derechos indígenas, vetó el proyecto casi en su totalidad y sobre todo lo relativo al llamado “marco temporal”.
Acciones para declarar el proyecto inconstitucional
El Ministerio de los Pueblos Indígenas y diversos organismos que agrupan a los pueblos originarios ya habían anticipado que, en caso de que el veto de Lula fuera derrumbado, acudirían al Supremo a fin de denunciar la inconstitucionalidad del proyecto, ya proclamada de antemano por el propio tribunal.
Según datos oficiales, los indígenas ocupan cerca del 14 % del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pueden sumar otras 200 que aún son analizadas por las instituciones del Estado.
La demarcación de tierras indígenas, una obligación del Estado según la Constitución, se suspendió entre 2019 y 2022, durante la gestión del entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y se retomó este año por el Gobierno del progresista Lula.
Durante todo su mandato, Bolsonaro justificó su negativa al reconocimiento de tierras indígenas con el argumento de que eso haría “inviable” un mayor desarrollo del sector agropecuario, uno de los mayores promotores de la tesis del “marco temporal”.
