La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Andrés Alberto Ávila Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por presuntamente haber autorizado pagos por más de $3.000 millones por conceptos asociados a la nómina, que no estaban presupuestados dentro de la vigencia 2022.
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La delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo autorizó estos pagos para 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, por valor de $1.500 millones; pago de bonificaciones por valor de $1.000 millones y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad, por un valor correspondiente a $1.122 millones.
La Procuraduría destacó que Andrés Alberto Ávila Ávila habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, toda vez que las partidas no fueron sometidas previamente a consideración del comité técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), ni contaba con su autorización, hecho que llevó a que la SAE tuviera que solicitar la modificación del presupuesto (adición y recursos) para ese año fiscal.
Ante la actuación de Ávila Ávila, el ministerio público calificó de manera provisional la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.