En un comunicado emitido este sábado, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) informó que, a través del Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, logró la detención de dos presuntos combatientes de la guerrilla del ELN durante patrullajes realizados en el cañón del río Garrapatas. Los detenidos fueron identificados como Roobeth Cortés Cortés, de 18 años, y Yamassita Nissan, de 16, ambos miembros de la comunidad indígena Embera Chamí.
Según el comunicado, los menores habrían sido reclutados de manera ilegal por el ELN, lo que representa una grave violación de los derechos de las comunidades indígenas, quienes han denunciado repetidamente desplazamientos forzados y atentados en la región. “La afectación de estas comunidades indígenas es una situación preocupante que requiere atención urgente por parte de las autoridades y organismos internacionales”, señala el texto.
El EGC afirmó que actuó en concordancia con lo estipulado por la Convención de Ginebra de 1949, procediendo a entregar a los menores a una comisión de la Cruz Roja Internacional. “A los detenidos se les ha respetado su vida y su integridad física, sin someterlos a ningún maltrato, tal como lo ordenan nuestros Estatutos de Constitución, nuestro régimen disciplinario y el acatamiento integral que hacemos del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, reza el comunicado.
Las comunidades indígenas Embera Chamí han sido víctimas recurrentes de reclutamientos ilegales a menores de edad , viéndose forzadas al desplazamiento debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN . La entrega de estos menores a la Cruz Roja Internacional podría marcar un precedente en cuanto al respeto por los derechos fundamentales en medio del conflicto por parte del Ejercito Gaitanista de Colombia.
Hasta el momento, ni el ELN ni las autoridades gubernamentales han emitido pronunciamientos al respecto. Organismos internacionales, como Naciones Unidas, han hecho un llamado constante al cese del reclutamiento de menores en Colombia, calificando esta práctica como una grave violación de los derechos de la infancia.
La Cruz Roja Internacional no ha revelado detalles sobre la situación de los menores tras su recepción, pero reiteró su compromiso de velar por la protección de las víctimas del conflicto armado en el país. Se espera que este hecho motive un debate sobre las condiciones de seguridad y los derechos humanos en las regiones más afectadas por la violencia en Colombia.
