Este 24 de diciembre, la situación de orden público en el norte de Colombia se vio nuevamente afectada por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales en la región de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. La confrontación se desató en la zona rural de Cúcuta, donde las autoridades reportaron un ataque armado contra un puesto de control militar ubicado en la vereda La Esperanza. Según fuentes oficiales, el ataque fue perpetrado por disidencias del ELN, que operan en esta región estratégica por su cercanía con el país vecino.
El ataque dejó un saldo de 4 militares muertos y al menos 10 heridos. Además, en la misma zona, se registraron enfrentamientos en las horas posteriores, lo que provocó un desplazamiento masivo de las comunidades cercanas. Se estima que más de 200 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y la amenaza de nuevos ataques.
La región de Norte de Santander ha sido históricamente un foco de conflicto debido a la presencia de varios grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La cercanía con Venezuela ha complicado aún más la situación, ya que muchos de estos grupos cruzan la frontera para operar en ambos países, generando un clima de constante inestabilidad.
A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza, los enfrentamientos continúan. En un comunicado de prensa, el Ejército Nacional de Colombia aseguró que está llevando a cabo operativos de control en la región para garantizar la seguridad de los civiles y la protección de la infraestructura crítica, como las carreteras y las zonas rurales.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la frontera y reiteró la necesidad urgente de avanzar en los procesos de negociación con los grupos armados ilegales, con el fin de frenar los desplazamientos forzados y proteger a la población civil. También se hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, que sigue siendo uno de los principales motores de la violencia en la región.
Por su parte, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos en la región han denunciado que la presencia de actores armados ilegales en zonas rurales ha dificultado el acceso a servicios básicos y la convivencia pacífica. Las comunidades afectadas piden mayores garantías de seguridad y el cumplimiento de los acuerdos de paz para evitar que los enfrentamientos se sigan prolongando.
La situación sigue siendo crítica en Norte de Santander, y las autoridades locales y nacionales continúan monitoreando los desarrollos en la zona para implementar medidas que garanticen la paz y la estabilidad en esta región clave del país.
